Un capitalismo que no esté insertado en un ordenamiento jurídico sólido corre el riesgo de desvincularse del Bien Común y de convertirse en un mero instrumento del afán de lucro de algunos. A esto se opone la Iglesia decididamente. Por el contrario, aprueba una economía de mercado que esté al servicio del hombre, evite los monopolios y garantice a todos el suministro de los bienes y el trabajo necesarios para vivir.
La Doctrina Social de la Iglesia valora todas las organizaciones sociales en función de su servicio al bien común, es decir, en la medida en que «los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección» (Concilio Vaticano II, GS). Esto es válido también para la economía que, en primer lugar, tiene que estar al servicio del hombre.
